Lo que Colombia enseña a sus niños y México todavía no: entornos escolares seguros y cultura de la prevención

Por Isahaí Abraham Vázquez Molina

Cada vez que un sismo, una inundación o un incendio sorprende a una comunidad educativa mexicana, la reacción institucional es casi idéntica: un simulacro apresurado, un boletín de la Secretaría de Educación Pública y, en el mejor de los casos, un protocolo empolvado que nadie practicó desde el ciclo escolar anterior. La pregunta que casi nunca nos hacemos —y que debería incomodarnos como sociedad— es por qué, después de los sismos de 1985 y 2017, después de huracanes, incendios forestales y una pandemia, seguimos tratando la gestión del riesgo escolar como un trámite administrativo y no como lo que debería ser: un contenido curricular, transversal y formativo, que se enseña con la misma seriedad que las matemáticas o la historia patria.

Colombia, con todas sus propias limitaciones, lleva más de tres décadas demostrando que existe otro camino.

El modelo colombiano: la prevención como asunto pedagógico, no solo operativo

Desde 1988, con la Ley 46 que dio origen al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, Colombia comenzó a construir una arquitectura institucional que, a diferencia de la mexicana, no se detuvo en el terreno de los protocolos de evacuación. En 1994, el Ministerio de Educación Nacional emitió la Resolución 7550, un instrumento que obligó a las secretarías de educación departamentales y municipales a incorporar la prevención y atención de desastres dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada plantel, pero también —y aquí está la diferencia sustantiva— dentro del currículo mismo, con un componente de investigación conjunta entre directivos, docentes y estudiantes sobre los riesgos específicos de su entorno geográfico, cultural, ambiental y económico.

Ese mandato se articuló con la Ley General de Educación de 1994, cuyos artículos 5, 23, 73 y 84 dejaron abierta la puerta para que la gestión del riesgo se enseñara de manera interdisciplinaria, en diálogo con los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), y no como una charla aislada de protección civil una vez al semestre. El resultado es el Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR), un documento vivo que cada institución educativa colombiana está obligada a actualizar cada año lectivo, y que en años recientes ha evolucionado hacia una Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar más amplia, que además atiende contextos de conflicto armado y amenazas contra el personal docente, entendiendo —con una honestidad que a México todavía le cuesta trabajo asumir— que la seguridad escolar no se reduce a los desastres de origen natural.

Lo relevante de este modelo no es solo su antigüedad, sino su lógica pedagógica: la reducción del riesgo se enseña, se investiga y se practica dentro de las aulas, con competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales explícitas, y con una formación docente que acompaña ese proceso. No es un anexo de protección civil pegado al calendario escolar; es una asignatura del pensamiento crítico frente al territorio que se habita.

México: protocolos sin pedagogía

En México, el instrumento equivalente más cercano es el Programa Escolar de Protección Civil, coordinado por la SEP, el INIFED y las Unidades Municipales de Protección Civil, con apoyo técnico de la Escuela Nacional de Protección Civil y el CENAPRED. Es un programa útil, sí, y necesario: contempla mapas de riesgo por plantel, comités escolares y cursos como el Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo. Pero su naturaleza es administrativa y reactiva, no curricular ni formativa. Se limita, en la práctica, a la organización de simulacros y a la elaboración de documentos que muchas veces se llenan por cumplir con un requisito normativo, sin que exista una obligación real de que los contenidos de gestión del riesgo se enseñen de forma sistemática, gradual y evaluable dentro de los planes y programas de estudio.

La Nueva Escuela Mexicana, con el Plan de Estudios 2022, tuvo la oportunidad histórica de corregir esa omisión. Su perfil de egreso habla de una ciudadanía con conciencia ambiental, capaz de participar “de forma activa, solidaria y resiliente ante el cambio” climático, y su método por proyectos comunitarios pudo haber sido el vehículo ideal para integrar la gestión del riesgo como un eje articulador real, con la comunidad como espacio de aprendizaje. Sin embargo, la revisión de los libros de texto gratuitos y de los programas sintéticos muestra que la prevención de desastres sigue apareciendo de forma dispersa, incidental, subordinada a temas ambientales genéricos, y no como una línea formativa con continuidad, evaluación docente y actualización obligatoria como la colombiana.

La diferencia no es menor. Un país que enfrenta sismos, huracanes, erupciones volcánicas, incendios forestales y, en regiones como la nuestra en Tierra Caliente michoacana, riesgos hidrometeorológicos crecientes, no puede seguir apostando a que la cultura de la prevención se transmita por ósmosis o por buena voluntad de algún director escolar comprometido. Se necesita, como en Colombia, un marco normativo que obligue —no que sugiera— a integrar la gestión del riesgo en el currículo, con formación docente inicial y continua, con comités escolares que investiguen su propio entorno, y con planes que se actualicen cada ciclo escolar y no cada sexenio.

Una tarea pendiente, también desde lo local

Como comunicador especializado en riesgos y desastres, me resisto a pensar que esta es solamente una discusión de política educativa federal. Es también una tarea que podemos empujar desde los municipios, desde los consejos municipales de protección civil y desde las propias direcciones escolares: exigir que los programas escolares de protección civil dejen de ser un formato que se llena y se archiva, y se conviertan en procesos pedagógicos reales, con participación de niñas, niños y docentes en el diagnóstico de los riesgos de su propia comunidad.

Colombia no es un modelo perfecto, pero lleva treinta años de ventaja enseñándole a sus niños que la prevención no es un simulacro: es una forma de pensar el territorio que se habita. México, con la Nueva Escuela Mexicana, todavía tiene la oportunidad —cada vez más urgente— de aprender esa lección.

Isahaí Abraham Vázquez Molina es comunicólogo especializado en Riesgos y Desastres.