El costo real de la política: lo que 3 mil 605 millones podrían pavimentar

Por Isahaí Abraham Vázquez Molina

El Instituto Nacional Electoral acaba de pedirle a la Cámara de Diputados una bolsa de 10,842.6 millones de pesos para financiar a los ocho partidos políticos nacionales y a las candidaturas independientes rumbo a la elección federal de 2027. 

Morena, el partido con mayor votación, concentraría alrededor de 3,605 millones de pesos —cerca del 33% del total—, entre financiamiento ordinario, gastos de campaña, actividades específicas y prerrogativa postal.

En un país con hospitales a medio construir, escuelas que se caen a pedazos y carreteras que llevan más de una década sin una sola pasada de maquinaria, la cifra invita a una pregunta que no es solo retórica: ¿qué se podría hacer con ese dinero si se destinara a otras prioridades?

Tomemos un caso cercano, que cualquier persona de la Tierra Caliente michoacana conoce de memoria: la carretera Zitácuaro–Ciudad Altamirano. Ha permanecido en condiciones precarias por más de una década, al grado de que el propio gobernador de Michoacán la incluyó entre las carreteras troncales federales que ha solicitado rehabilitar, y conecta a decenas de comunidades del oriente michoacano con Guerrero. 

Actualmente la SICT solo interviene 30.5 kilómetros de esa vía —los tramos Zitácuaro-límites Michoacán/Guerrero y Zitácuaro-entronque El Limón— dentro de un paquete más amplio de conservación en el estado, sin que se haya hecho pública una cifra específica para ese tramo.

Como referencia de costo por kilómetro, la rehabilitación completa de la carpeta asfáltica de la vía Iguala–Ciudad Altamirano, en el vecino estado de Guerrero —185 kilómetros—, tiene un presupuesto de 1,300 millones de pesos, es decir, unos 7 millones de pesos por kilómetro. Aplicando esa misma referencia, solo como ejercicio estimado, a los aproximadamente 213 kilómetros que separan Zitácuaro de Ciudad Altamirano, la rehabilitación total de esa carretera costaría alrededor de 1,500 millones de pesos.

Dicho de otro modo: solo con el dinero que Morena recibiría en 2027 —3,605 millones de pesos— alcanzaría para repavimentar por completo esa carretera no una, sino más de dos veces, y aún sobraría dinero. Y si habláramos del total de la bolsa del INE para todos los partidos, 10,842 millones de pesos, alcanzaría para pavimentar de cabo a rabo siete carreteras del tamaño de esa.

Los números, llevados a otros rubros, son igual de elocuentes. Proyectos recientes del programa IMSS-Bienestar dan una idea de escala: el hospital de Ures, Sonora, se construye con una inversión cercana a los 500 millones de pesos; el de Ciudad Madero, Tamaulipas, superó los mil millones; el de Nuevo Laredo, de segundo nivel con 120 camas, ronda los mil 800 millones. 

Con esos 3,600 millones de pesos —cifra similar a la que recibiría solo Morena— se podrían construir entre dos y siete hospitales de ese tipo, dependiendo de su tamaño y nivel de atención. O se podrían financiar miles de becas educativas, o el mantenimiento de cientos de planteles escolares, o el equipamiento de varias corporaciones de seguridad estatal.

Ahora bien, sería deshonesto quedarnos solo con la comparación, porque el debate real no es tan simple como “cero pesos para partidos contra una carretera nueva”. El financiamiento público a los partidos existe, desde la reforma de 1996, precisamente para que la competencia electoral no dependa del dinero privado —incluido el de la delincuencia organizada, un riesgo nada abstracto en regiones como la Tierra Caliente—. 

El artículo 41 de la Constitución obliga a que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen particular, y la fórmula de reparto (30% igualitario, 70% proporcional al voto) busca, al menos en el papel, que ningún partido dependa de padrinos económicos para hacer campaña.

El problema, entonces, no es que existan recursos públicos para los partidos. El problema es la magnitud, la opacidad con la que a veces se ejercen y la ausencia casi total de un ejercicio comparativo como este en el debate público. 

Cuando una carretera que revive comunidades enteras cuesta una fracción de lo que un solo partido recibirá para espectaculares, propaganda y estructura electoral, algo en la ecuación merece revisarse: no necesariamente eliminar el financiamiento público, pero sí discutir en serio si la fórmula vigente —diseñada hace casi 30 años, en otro contexto político y con otro número de partidos— sigue siendo la correcta.

Mientras ese debate no llegue a la agenda legislativa, seguiremos viendo carreteras como la de Zitácuaro–Ciudad Altamirano esperando su turno, mientras el dinero para la próxima elección ya tiene, desde ahora, quien lo reclame.

Isahaí Abraham Vázquez Molina es comunicólogo especializado en comunicación social, riesgos y desastres.